Boletín oficial 052

7 de junio del 2022

Quito, Pichincha.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda hará realidad los sueños de 780 las familias en situación de vulnerabilidad y pobreza gracias a la suscripción de los primeros seis convenios de cooperación interinstitucional con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del país.

El ministro de Vivienda Darío Herrera junto con el Gerente General de Creamos Vivienda EP, Andrés Pino, firmaron un convenio tripartito interinstitucional con los alcaldes y alcaldesas de: Archidona, Cascales, Vinces, Baba, Ibarra y Pallatanga para oficializar la construcción de viviendas de interés social financiadas con un crédito de USD 20 millones de la Agencia Francesa para el Desarrollo, AFD.

Estos proyectos serán implementados con la nueva tipología de vivienda que contribuye al cuidado del medio ambiente, al ahorro de recursos y serán construidas con materiales sustentables como el bambú.

“Estas viviendas contarán con metodología EDGE que reduce en un 20% el consumo de agua, energía y la emisión de gases efecto invernadero. Además, beneficiará el bolsillo de los ecuatorianos ya que ahorrarán entre el 3% y el 5% en servicios básicos anualmente”, mencionó el ministro Herrera.

El alcalde de Pallatanga, Rodrigo Granizo, agradeció al Gobierno Nacional por el trabajo conjunto para el desarrollo y prosperidad de las ciudades: “Trabajamos articuladamente en un Ecuador de progreso, bienestar y seguridad. Estamos comprometidos en crear oportunidades que beneficien a las familias más necesitadas”, expuso.

El evento también contó con la presencia de Clotilde Boutrolle, directora de la AFD en Ecuador; Pablo Jácome, director general de La Organización Internacional del Bambú y el Ratán, Inbar, y seis alcaldes de las 3 regiones del país.

El proyecto contempla la construcción de 780 viviendas en el país, que corresponden a la primera fase de nuestro Plan Nacional de Hábitat y Vivienda que beneficiará a los 3 quintiles más pobres de la población (es decir, al porcentaje de la población que percibe menores ingresos) priorizando la selección adecuada de los beneficiarios, atendiendo las zonas de mayor déficit en el país y, sobre todo, asegurando el óptimo y transparente uso de los recursos públicos.

Esta es la oportunidad de construir ciudades sostenibles, inclusivas y sobre todo atraer inversión y generar empleo para todos los ecuatorianos.