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Bono de arrendamiento de emergencia será de hasta USD 225 mensuales

20 de marzo de 2023

BOLETÍN OFICIAL 092

Con el propósito de atender de manera inmediata a las familias, cuyas viviendas resultaron afectadas por el sismo registrado el 18 de marzo, el Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), aplicará un nuevo bono de arrendamiento por emergencia, de hasta 1.5 salarios básicos unificados, equivalente a 675 dólares, valor que se dividirá para tres meses, con un pago mensual de hasta USD 225.

De ser necesario y por una sóla ocasión, se podrá otorgar nuevamente el bono hasta por el mismo valor y plazo. Este incentivo será considerado como parte de la inversión social por emergencia, desastres de origen natural, casos fortuitos o fuerza mayor.

El bono de arrendamiento es parte del techo presupuestario de 64 salarios básicos unificados, que representan USD 28.800, para construcción de vivienda nueva. En el caso de reparaciones el valor máximo es de 32 salarios básicos unificados, equivalente a USD 14.400.

La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó que: “esta es una medida de atención inmediata y temporal diseñada como respuesta a desastres ocasionados por fenómenos de origen natural, donde las viviendas resulten colapsadas o inhabitables, y estén ubicadas en zonas declaradas en estado de emergencia”.

Para viabilizar la aplicación de este incentivo, en las próximas horas se expedirá la reforma al Decreto Ejecutivo 405, de 21 de abril de 2022, el mismo que en su artículo 18 establece los lineamientos a seguir por parte Miduvi en los casos de emergencia, desastres naturales, casos fortuitos o fuerza mayor.

Con corte a las 10h00 de este 20 de marzo, se registran 235 viviendas afectadas y 90 viviendas destruidas. Al momento, el equipo técnico del Miduvi, con el apoyo de especialistas estructurales, continúa desplegado en las diferentes provincias afectadas levantando información para la estimación de daños.

El Gobierno del Ecuador continúa trabajando en favor de las familias ecuatorianas, para garantizar su derecho a una vivienda adecuada y segura.